Autoriza el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) el inicio de la explotación del proyecto minero Tía María, a cargo de Southern Peru Copper Corporation, con una inversión estimada de 1,400 millones de dólares. ¿Dónde inicia? En el tajo La Tapada, ubicado en el distrito de Cocachacra, provincia de Islay. ¿Qué implica? La activación de la primera etapa de uno de los proyectos más controvertidos del país.
Determina la entidad que no corresponde aplicar la consulta previa, ¿por qué? Al no identificarse pueblos indígenas en el área de influencia directa, conforme a la Ley N.° 29785 y el Convenio 169 de la OIT. ¿Qué sustentó la decisión? El cumplimiento de requisitos técnicos y legales, como la certificación ambiental, el plan de minado, la propiedad del terreno y el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos.
Respalda el proyecto su viabilidad ambiental en el Estudio de Impacto Ambiental aprobado en 2014 y evaluaciones posteriores validadas por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE). ¿Qué proyecta? Una producción anual de 120 mil toneladas de cobre durante 20 años, utilizando agua de mar desalinizada para reducir la presión sobre fuentes continentales.
Exige el Estado el cumplimiento estricto de normas de seguridad, salud ocupacional y compromisos ambientales. ¿Quién supervisa? Organismos como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), en un contexto marcado por el prolongado conflicto social en el valle del Tambo.
Reconoce el Gobierno que el proyecto se desarrolla en un escenario de tensión social. ¿Qué preocupa? Posibles impactos en la agricultura y el medio ambiente en la provincia de Islay, donde la población mantiene vigilancia sobre la actividad minera.
Reafirma la autorización un nuevo intento de reactivar la inversión minera en un contexto de alta demanda internacional de cobre. ¿Qué condiciona su avance? El control estatal, la fiscalización permanente y la gestión de conflictos sociales en la zona de influencia.
Informa el MINEM que, mediante la Resolución N.° 236-2026-MINEM/CM, el Consejo de Minería del Perú declaró la nulidad de oficio de una autorización previa (Resolución Directoral N.° 0692-2025-MINEM/DGM). ¿Para qué? Reforzar la legalidad del proceso y permitir una nueva evaluación técnica del expediente.
Precisa la entidad que esta decisión no concluye el procedimiento administrativo, sino que dispone la reevaluación del caso por la Dirección General de Minería. ¿Qué se busca? Garantizar transparencia, seguridad jurídica y confianza en las inversiones.
Sostiene el Gobierno que estas acciones apuntan a brindar certidumbre a la inversión privada. ¿Cuál es el objetivo final? Impulsar proyectos que contribuyan al crecimiento económico, sin dejar de lado el cumplimiento normativo y la vigilancia social.
