Este evento también pone en discusión las limitaciones del marco normativo del sistema Invierte.pe, el cual, para la formulación de proyectos de inversión pública, exige principalmente la elaboración de un Análisis de Riesgo, cuyo alcance suele ser insuficiente en contextos de alta peligrosidad, al no garantizar la implementación de medidas correctivas estructurales que reduzcan efectivamente la vulnerabilidad existente.
Estudios técnicos ignorados. En el caso específico del puente El Pedregal, resulta pertinente preguntarse si se consideraron los estudios desarrollados por instituciones técnico-científicas especializadas como el INGEMMET y el IGP. El Informe Técnico Nro A7212, denominado “Evaluación de peligros geológicos por flujo de detritos (lahares) en el centro poblado Yalaque y en la quebrada El Volcán”, concluye de manera categórica que el sector de la quebrada El Volcán, en el distrito de Quinistaquillas, está clasificado como zona de Peligro Muy Alto, susceptible a flujos de detritos durante periodos de lluvias intensas o prolongadas.
Dicho informe no solo identifica el peligro, sino que formula recomendaciones técnicas concretas, entre ellas la construcción de disipadores de energía mediante diques transversales, la canalización del cauce con muros escalonados, el establecimiento de sistemas de alerta temprana y la emisión de ordenanzas municipales que restrinjan la ocupación de zonas de alto riesgo y las fajas marginales de ríos y quebradas. La ausencia de estas medidas en la infraestructura colapsada evidencia una grave omisión en la gestión del riesgo.
Una problemática regional recurrente. Este caso no es aislado. En la región Moquegua existen múltiples centros poblados expuestos a peligros muy altos, como Tonohaya y Ubinas, en el distrito de Ubinas; o Huarina, en el distrito de Matalaque. Estas condiciones de riesgo se encuentran debidamente documentadas en informes técnicos de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el INGEMMET y el IGP, información que se encuentra consolidada en el Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres (SIGRID), administrado por el CENEPRED.
Año tras año, estas poblaciones altamente vulnerables son afectadas por movimientos en masa e inundaciones, poniendo en riesgo la vida de las personas, sus viviendas, sus medios de vida y la infraestructura pública, como carreteras y puentes, generando pérdidas humanas, económicas y sociales que pudieron evitarse.
Reflexión final. El Perú cuenta con un sistema nacional de gestión del riesgo de desastres y con instituciones técnicas como el CENEPRED y el INDECI, que brindan asistencia técnica permanente a los gobiernos locales, regionales y sectores del Estado. Sin embargo, mientras esta asistencia no sea adecuadamente aprovechada y la gestión del riesgo no se incorpore de manera efectiva desde la fase de planificación y diseño de los proyectos, seguiremos lamentando pérdidas que eran previsibles y evitables.
La gestión del riesgo de desastres no debe ser vista como un requisito administrativo, sino como una responsabilidad ética y técnica del Estado para proteger la vida de la población y garantizar un desarrollo verdaderamente sostenible.
