Confirma la Fiscalía que la gobernadora regional de Moquegua, Gilia Ninfa Gutiérrez Ayala, será llevada a juicio penal tras la emisión de la Disposición Fiscal N.º 38-2026, firmada el 9 de enero de 2026 por el fiscal Víctor Arturo Muñoz Leyva, que da por concluida la investigación preparatoria en su contra y la de su entorno más cercano.
Con el dedo acusador señala el Ministerio Público que junto a la autoridad regional también serán procesados su hermana, Katherine Fiorella Gutiérrez Ayala, su cuñado Luis Yonathan Sanca Umiyauri, además de funcionarios y particulares implicados en los casos denominados “Corrupción 4×4” y “Los Waykis de la Colusión”.
Se precisa la acusación que los delitos imputados son colusión simple y negociación incompatible, vinculados a presuntas contrataciones direccionadas desde el Gobierno Regional de Moquegua y la Sub Región Ilo hacia empresas relacionadas con Sanca Umiyauri, lo que habría excluido a proveedores locales y favorecido a firmas como AQSA Asesoría y Construcción S.A.C.
Además, se Advierte el expediente fiscal que el presunto esquema de favorecimiento no se habría iniciado durante la gestión, sino incluso en la campaña electoral de 2022, lo que abre interrogantes clave: ¿se utilizaron recursos o influencias previas al ejercicio del cargo?, ¿existió una planificación anticipada para captar contratos públicos?
Contrasta la Fiscalía declaraciones de la gobernadora con evidencia audiovisual, ya que mientras ella afirmó haber visto a Sanca solo “dos o tres veces”, fotografías y videos demostrarían una relación más frecuente, lo que debilita su versión y plantea dudas sobre la veracidad de su defensa.
Algunas Entidades Cuestiona el proceso fiscal el cambio de tipificación del delito, pues la colusión agravada que implica perjuicio económico al Estado fue reducida a colusión simple, pese a que los contratos investigados fueron ejecutados y pagados con recursos públicos, lo que genera una pregunta central: ¿hubo o no daño económico efectivo?
Así mismo se Determina que el análisis temporal al plazo legal de investigación venció el 13 de marzo de 2026, por lo que el Ministerio Público ya debió formalizar la acusación ante el Poder Judicial, marcando el paso de la etapa investigativa a la fase de juzgamiento.
ANTECEDENTES.
Se revela información previa que Katherine Fiorella Gutiérrez Ayala, también investigada en el caso “4x4”, participó activamente en un evento político de la organización liderada por Martín Vizcarra, evidenciando su presencia pública pese a las investigaciones en curso.
Los hechos confirman el registro partidario que la hermana de la gobernadora está afiliada desde el 19 de junio de 2023, manteniendo actividad política mientras guarda silencio frente a las imputaciones fiscales, lo que abre otra interrogante: ¿existe respaldo político que influya en el desarrollo del caso?.
Evidencia material fotográfico la presencia de César Figueredo Muñoz, quien fue contratado en 2023 por la propia gobernadora para representar al Gobierno Regional en Lima, mostrando posibles conexiones entre el entorno político y administrativo.
Describe la investigación del caso “4x4” un presunto sistema de licitaciones simuladas para favorecer empresas allegadas, incluyendo el alquiler irregular de camionetas utilizadas en obras públicas e incluso según la hipótesis fiscal en beneficio personal de la autoridad regional.
Subraya el contexto general que más de 20 personas son investigadas, lo que convierte el caso en una red compleja de presunta corrupción estructurada, donde la pregunta de fondo persiste: ¿se trató de hechos aislados o de una organización dentro del aparato regional?.
Se concluye el análisis que la gobernadora enfrenta ahora un escenario decisivo: el paso al juicio penal no solo pone en riesgo su continuidad política, sino que obliga a esclarecer si existió una red sistemática de direccionamiento de contratos públicos durante su gestión.
